Congreso congela bicameral para revisar deuda externa
A más de un mes de su promulgación, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada a través de la ley que modificó la jurisdicción para el pago de la deuda, no fue convocada para su integración. Se trata del cuerpo legislativo previsto en el artículo 12 de la Ley 26.984, de Pago Soberano y Reestructuración de la Deuda que fue publicada en el Boletín Oficial el 12 de septiembre pasado para «investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar».
Tanto oficialismo como oposición están en mora en cuanto a la conformación de esta comisión bicameral. Cristina de Kirchner y Carlos Zannini habían reclamado explícitamente a la oposición que, en el debate legislativo en el Congreso, al menos votaran a favor del artículo 12. El texto original enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, de hecho, no contemplaba esta comisión bicameral. Pero el Frente para la Victoria introdujo ese cambio antes de aprobarla en el Senado, a pedido del Frente Renovador de Sergio Massa, la UCR de Mario Negri y hasta Proyecto Sur de Fernando Pino Solanas.
La falta de constitución de esa comisión «permanente», de acuerdo con el texto de la ley, tiene razones políticas y económicas. Los ocho senadores y los ocho diputados que deberían integrarla podrían interferir en el proceso de reestructuración de la deuda no sólo con los denominados «fondos buitre» y con los tenedores de bonos que ingresaron al canje, sino también en el juicio que tiene a su cargo el magistrado de Nueva York Thomas Griesa. Por eso el oficialismo, encargado de convocar a los demás bloques a integrar la bicameral que revisará el origen de la deuda, anestesió su conformación a pesar del acuerdo de todos los bloques.
Originariamente, el FpV introdujo el artículo 12 sobre la comisión bicameral «permanente» como una cláusula «caza-bobos» con la ilusión de sumar votos opositores a la ley que modificó el lugar de pago para el 93% de los tenedores de deuda reestructurada. Pero no funcionó y, pese a incluir a Francia como domicilio de pago, replicando el dictamen de minoría presentado por el massismo, el oficialismo aprobó la ley en soledad.
De acuerdo con el Título II, Capítulo Único, el artículo 12 de la Ley de Reestructuración de la Deuda y Pago Soberano, «la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, (…) estará compuesta por ocho (8) senadores y ocho (8) diputados, designados por los presidentes de las respectivas cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas, y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte».
La Comisión Bicameral Permanente será una caja de pandora revisora que, si bien parte de 1976, alcanza a ministros y exministros de Economía radicales, menemistas y kirchneristas como Bernardo Grinspun, Juan Vital Sourrouille, Rodolfo Terragno, Jesús Rodríguez, Erman González, Domingo Cavallo y Roberto Lavagna, entre otros ilustres expertos de la economía que manejaron la deuda pública desde el regreso de la democracia.
De hecho, de conformarse, esa comisión debería encargarse de, por ejemplo, «el seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen» y «la investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitre con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquéllos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial». Además, tiene como misión «la presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución».
Esta semana, sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como el Honorable Senado de la Nación permanecen inactivos a partir del feriado del lunes pasado. La próxima semana volverá la actividad con una sesión ordinaria para aprobar la estatización de la Universidad de las Madres y un proyecto que determina la obligatoriedad de asistencia al preescolar a partir de los cuatro años. Además, habrá dictamen por la nueva ley de hidrocarburos, ya aprobada por la Cámara alta, donde oficialismo y oposición volverán a chocar. La UCR encargó al santacruceño Eduardo Costa dictamen propio y el Frente Renovador tendrá su propuesta alternativa a cargo de Alberto Roberti, titular de la Federación Argentina de Trabajadores del Petróleo y Gas.
