Blanqueo: «Fuego amigo» en Cambiemos
Cambiemos comenzó a sufrir “fuego amigo” desde la UCR de Mario Negri y la Coalición Cívica de Elisa Carrió quien salió a rechazar de manera “innegociable” la inclusión de funcionarios públicos en el blanqueo de capitales impulsado por la Casa Rosada. Para lograr consensos, el jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, aseguró que el debate del proyecto se extenderá por 30 o 40 días en el Congreso.
En la UCR de Mario Negri tampoco terminan de digerir el formato del blanqueo. La repatriación de capitales forma parte del mismo proyecto de ley donde se establece el pago de sentencias a jubilados. Negri, jefe del interbloque oficialista, no vociferó abiertamente contra el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Pero hoy se presentó en Casa Rosada para fijar la postura del principal aliado del macrismo: rechazo total a la amnistía tributaria para funcionarios y para cualquier individuo que tiene una causa judicial abierta. El presidente fue sobreseído en la causa por escuchas telefónicas pero está siendo investigado por “omisión maliciosa” a partir de sus empresas radicadas en el exterior.
Así, la Junta Nacional de la Coalición Cívica-ARI, el partido que lidera Carrió, reclamó límites al blanqueo de capitales anunciado por el Gobierno nacional para que no se convierta en «un acuerdo de impunidad». El partido de Carrió exigió que «los funcionarios de los tres niveles del Estado» ni contratistas de obra pública puedan participar del blanqueo.
«La Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad», indicó el partido.
Según publicó Infobae, a través de un documento, la fuerza política que lidera Carrió señaló que esa posición es «innegociable, ya que de hacerse constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país».
