Alberto congela alquileres y define prórroga del aislamiento
El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana en la Residencia de Olivos una reunión interministerial de seguimiento del coronavirus COVID-19 con el objetivo de analizar, junto al grupo de asesores médicos y científicos la evolución de la situación, el avance de las medidas implementadas y los pasos a seguir.
Los expertos que concurrieron al encuentro son la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; y los especialistas Ángela Gentile, Pablo Bonvehi, Gustavo Lopardo, y Tomás Orduna. También participan el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el asesor presidencial Alejandro Grimson.
Además, el Gobierno dispuso hoy a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago durante seis meses, en el marco de las medidas adoptadas para mitigar el impacto económico ante la crisis por el coronavirus (Covid-19). La norma, publicada en el Boletín Oficial, suspende los desalojos por falta de pago y prorroga la vigencia de los contratos, con conformidad de la parte locataria hasta el 30 de septiembre.
También dicta el congelamiento de los precios de los alquileres al valor de marzo y que la deuda por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente acordado en los contratos se pague recién a partir de octubre. «Nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos», sostiene el DNU 320/2020.
El decreto, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todo su gabinete de ministros, establece que la situación exige «extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social» y que, por lo tanto, debe velar por derecho a la vida pero también por el derecho a la vivienda.
