La UBA convoca a la 5 marcha universitaria
La Universidad de Buenos Aires convoca a la 5ª Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública y no arancelada, y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El acto central se realizará el próximo jueves 15 de octubre a las 16 h en la Plaza del Congreso.
Las columnas de la UBA partirán a las 13.30 h desde la intersección de Av. Córdoba y Uriburu, donde estarán presentes decanas y decanos, autoridades de la Universidad, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, docentes y nodocentes de las facultades y de los centros de salud de la Universidad .
Bajo el lema “Códigos, reglas, leyes. Se cumplen”, la UBA lanzó una campaña de videos en redes sociales convocando una masiva marcha para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con la Ley votada e insistida en el Congreso de la Nación.
Un historial de incumplimientos
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario surgió como respuesta a la grave crisis presupuestaria y la caída del poder adquisitivo en las universidades públicas de Argentina. La Ley aprobada e insistida —luego del veto presidencial— por el Congreso Nacional en 2025 busca garantizar el sostenimiento del sistema universitario nacional y la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores y trabajadoras.
A la fecha, el Poder Ejecutivo Nacional continúa sin cumplirla, afectando gravemente el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación, extensión y asistencia a la salud.
El Congreso de la Nación aprobó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. Sin embargo, el 9 de octubre de ese mismo año el Poder Ejecutivo observó en su totalidad el proyecto de ley mediante el Decreto 647/25.
Luego, tanto la Cámara de Diputados como el Senado confirmaron la iniciativa parlamentaria con dos tercios de los votos, por lo que el proyecto se convirtió en ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83° de la Constitución Nacional.
En un acto que fue cuestionado por varios expertos en materia jurídica, el 20 de octubre de 2025 el Gobierno promulgó mediante el Decreto 759/25 la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspendiendo su aplicación, basándose “en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”, que “dispone que toda ley que autorice o disponga gastos debe prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, y que en caso contrario, queda suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
En consecuencia, el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales interpusieron una acción de amparo colectiva con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y, por el otro, que se ordene al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick dictó una medida cautelar —mientras se analizaba la cuestión de fondo, que finalmente se resolvió este martes 6 de octubre—mediante la cual se declaró “inaplicable el segmento suspensivo del DNU, ordenando a cumplir de modo inmediato los artículos 5° y 6°“ de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias.
La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
Como el Gobierno seguía sin cumplir, en septiembre de 2026 el juez intimó en dos oportunidades al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar, hasta que finalmente el pasado 6 de octubre resolvió sobre la cuestión de fondo, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenando al Gobierno de Javier Milei a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.
A dos días de ese fallo, el Gobierno Nacional volvió a apelar y, el viernes 9 de octubre, el juez Martín Cormick aceptó dicha apelación contra la Ley de Financiamiento Universitario, pero dejó en claro que la cautelar sigue vigente.
