Avanza la denuncia por el desvío de fondos del sistema vial
La Justicia Federal admitió como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz en la causa CFP 3960/2026, que investiga el manejo de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado mediante el impuesto a los combustibles y destinado a la construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales.
La decisión permitirá a ambos participar activamente del expediente, aportar documentación y solicitar medidas de prueba para determinar qué ocurrió con los fondos y si existieron responsabilidades en su administración.
“Los recursos que se cobran para mantener las rutas no pueden utilizarse para sostener el ajuste ni para mostrar un equilibrio fiscal construido sobre el abandono de las provincias. Ese dinero tiene una finalidad específica y el Gobierno nacional debe explicar dónde está y qué hizo con él”, sostuvo Quintela.
El gobernador afirmó que La Rioja continuará impulsando la investigación y reclamando la reactivación de las obras nacionales paralizadas. “La Rioja no va a naturalizar que se paralicen obras fundamentales mientras los recursos que aportan todos los argentinos mediante el impuesto a los combustibles no llegan a las rutas”, manifestó.
“No estamos hablando solamente de kilómetros de asfalto. Hablamos de vidas que se ponen en riesgo, de productores que necesitan sacar su producción, de trabajadores, del turismo y de una provincia que necesita infraestructura para crecer e integrarse”, remarcó.
La presentación de La Rioja fue realizada por Quintela junto con el fiscal de Estado, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal de Estado adjunto, Gustavo Roque Ibarra, con el patrocinio jurídico de Jorge Yoma.
Según la documentación incorporada al expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el SISVIAL recaudó aproximadamente $1,5 billones, pero solo $394.406 millones habrían sido aplicados a infraestructura vial. La denuncia señala una subejecución del 73,8% y sostiene que más de un billón de pesos habría permanecido colocado en títulos públicos y plazos fijos. La legalidad de ese manejo y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
